El estado yanqui de Michigan ha sido obligado a pagar a la ESA (Entertainment Software Association) unos $182,349 (desconocemos los céntimos), en concepto de costes de abogados. Y todo esto gracias a la nueva ley anti-violencia en los juegos, que ha sido declarada inconstitucional por los jueces.

Como dicen los tíos de la ESA, los perjudicados por todo van a ser los contribuyentes (como siempre), que son quienes pagan a los abogados del estado, y que Michigan se podría haber ahorrado no promoviendo una ley inconstitucional (y estúpida, qué narices), y dedicando más esfuerzos a concienciar a los padres de vigilar lo que hacen sus hijos, que no son meras mascotas.